MK Ultra es el nombre de un proyecto ilegal desarrollado por la CIA entre las décadas de los 50 y 70 con el fin de descubrir nuevas vías de interrogatorio basadas en métodos químicos, físicos y biológicos. Entre ellas, el psiquiatra de origen escocés Ewell Cameron se involucró notoriamente en la que se centraba en el uso de técnicas de electroshock como método para inducir en el individuo un estado de desorientación que facilitase la creación de recuerdos artificiales.
De este experimento nace el título que Naomi Klein, una periodista y activista anticapitalista canadiense, da al libro que publica por primera vez en 2007: “La doctrina del shock: auge del capitalismo del desastre”. En él, la autora trata de exponer de qué manera ciertos gobiernos aprovechan la confusión civil generada por situaciones de crisis nacional para impulsar determinadas políticas –en el caso del libro, capitalistas–. Para que esto se produzca el único requisito indispensable es esa desorientación social, siendo válido en realidad cualquier detonante inicial del crack: un estallido bélico, un terremoto, un gran incendio. Una pandemia.
Dejando al margen la carga ideológica que arrastra su obra, la descripción del fenómeno es muy interesante en cuanto al retrato que hace de esta reacción poco explorada del poder, como la fotografía de un monstruito cazado en falta. Dicha reacción probablemente se produzca de manera más o menos invariable, pero es razonable pensar que la dirección que tome seguirá la dirección ideológica de quien lo ostenta cuando se produce la crisis.
Los españoles no parecemos haber nacido con la tendencia natural a ponernos de acuerdo entre nosotros, pero creo que hay evidencia suficiente como para afirmar que la confusión es un sentimiento generalizado desde hace al menos tres semanas. Y si, como dijo Harold Wilson –primer ministro británico por el Partido Laborista en los 70– una semana es largo tiempo en política, no digamos 3.
El pasado 13 de Marzo Pedro Sánchez declaró el Estado de alarma nacional. El estado de alarma es un régimen excepcional que puede instaurarse en España mediante la aplicación del artículo 116.2 de la Constitución y que según se recoge en esta misma fórmula debe tener una duración máxima de 15 días, debiendo ser aprobada su instauración o prórroga por el Congreso.
Mediante este procedimiento, el gobierno se atribuye poderes extraordinarios necesariamente en detrimento de las libertades civiles y las garantías democráticas.
Las directrices que deben seguirse en la aplicación del estado de alarma (y de otros, como el de excepción y sitio) se regulan en la Ley Orgánica 4/1981 que puede consultarse fácilmente en el BOE si es que uno quiere hacerlo.
En esta ocasión, su aplicación estaría justificada por el supuesto descrito en el capítulo II, artículo cuarto, apartado b de dicha ley orgánica: Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. Vale, bien.
Cito ahora textualmente las medidas que el estado de alarma permite adoptar al gobierno (recogidas en el artículo once):
a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.
d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto (que hace referencia al desabastecimiento de bienes de primera necesidad).
El liberalismo es una corriente de pensamiento que defiende la limitación del Estado en pro de las libertades y derechos civiles (políticos y económicos) y por tanto parece bastante lógico considerar que de encontrarse en el poder un gobierno con esta tendencia en el transcurso de una crisis, la aplicación de la doctrina del shock se traduzca en privatizaciones. Es curioso reflexionar cómo, por contra, la aplicación teórica de dicha doctrina por un gobierno de tendencia socialcomunista –como el que tenemos– cuyo pilar ideológico es la intervención por parte del Estado de las propiedades y según qué libertades, coincida tan cómodamente con… el Estado de alarma.
Si quisiéramos resumir el efecto práctico de los los regímenes excepcionales que nuestra constitución permite aplicar, podría ser este: el Estado lo decide, regula e interviene todo a niveles solo vistos en países no democráticos. Afortunadamente –y precisamente para alejar al gobernante de oscuras tentaciones– las propias leyes que permiten el uso de esta herramienta establecen también una serie de limitaciones que impiden la transformación automática de España en una dictadura. Si se cumplen.
Misma Ley Orgánica, capítulo II, artículo octavo:
“Uno. El Gobierno dará cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración del estado de alarma y le suministrará la información que le sea requerida.”
La mesa del congreso, dominada por una mayoría de PSOE-UP, decidió la semana del 20 de Marzo la congelación de la actividad parlamentaria y con ella, por ende, del control al gobierno por el Congreso. La Presidenta de la cámara, Meritxell Batet –PSOE– matizó que las preguntas escritas al gobierno no se verían interrumpidas. Y uno podría decir bueno, ahí está el control. Sin embargo, para que la oposición pueda recibir explicación de qué hace el Gobierno con todos esos poderes excepcionales que asume, es necesario que no solo puedan hacerse preguntas sino que además estas sean respondidas. Habitualmente el ejecutivo cuenta con un plazo de 20 días para ofrecer respuesta, pero este plazo se vio abolido quedando ahora la respuesta a discreción de la buena voluntad del Gobierno. Je.
La oposición propuso entonces la formación de una comisión telemática que permitiese solicitar información y hacer propuestas al Gobierno mientras dure la crisis. La Junta de Portavoces, de nuevo dominada por PSOE y UP, rechazó la propuesta.
Ya fuera del Congreso, el Gobierno debe someterse no solo a un control político sino también mediático. Si el control parlamentario no se cumple, este último menos. Alguno dirá que cómo puede decirse esto, si el presidente o sus representantes comparecen día sí, día también ante las cámaras. La dinámica está siendo la siguiente: el orador de turno convoca a los medios para salir en televisión hablando de lo que más le plazca –véase el keroseno– y cuando ha terminado, se le formulan una serie de preguntas que previamente han sido entregadas por los periodistas a Miguel Ángel Oliver –secretario de Estado de comunicación– quien las examina y filtra. Solo se le hacen al Gobierno aquellas preguntas que el Gobierno quiere responder. El resto, se guardan en un cajón. Si alguno se está preguntando si esto es normal, no lo es.
Esta anomalía motivó que aproximadamente 300 periodistas firmaran un manifiesto solicitando ruedas de prensa –no mítines– en las que pudieran preguntar lo que considerasen conveniente. Como respuesta, Oliver censuró en la siguiente reunión todas las preguntas enviadas por los medios que firmaron el manifiesto. Mientras tanto, los dos principales grupos mediáticos audiovisuales privados –que gestionan los informativos de más audiencia– recibieron esta semana una subvención por valor de 15 millones de euros.
"Dos. El Gobierno también dará cuenta al Congreso de los Diputados de los decretos que dicte durante la vigencia del estado de alarma en relación con éste.”
Esto, sencillamente, no está sucediendo. Nadie informa a la oposición de los decretos que van a valorarse –y para cuya aprobación es necesario su voto favorable–, de manera que en cada votación realizan un acto de fe.
Al parecer, el mayor control al que el Gobierno está sometido ahora mismo lo formarán las votaciones que cada quince días deben sucederse para la prórroga del Estado de alarma, por una oposición cuya iniciativa ante la gravedad de los hechos que se producen no parece ir más allá de un par de frases pegadizas.
Mientras tanto, en medio del caos sanitario, laboral, económico, informativo y cotidiano en el que España está sumida, algunos de los reales decretos promulgados durante el estado de alarma recogían en su letra pequeña cosas como la inclusión de Pablo Iglesias e Iván Redondo en el Centro Nacional de Inteligencia o el blindaje de la capacidad del Gobierno para acometer indultos pese a la situación de excepcionalidad. En Lledoners también aplaudieron ese día, y no fue a los sanitarios.
Al mismo tiempo, y con la que probablemente sea la mayor crisis económica de la historia contemporánea de España ya en el horizonte, Pablo Iglesias hace recurrentes referencias tergiversadas al artículo 128 de la constitución (Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general) en forma de periódicos destellos totalitarios, olvidando el 33 (donde se recoge el derecho a la propiedad privada y a la indemnización a los particulares por parte del Estado en caso de que por causas de fuerza mayor esa propiedad fuera intervenida). Por su parte, Alberto Garzón hizo un descanso en su baja paternal para fijar políticamente los precios de las funerarias.
La deriva que sigue el Gobierno es lenta y se encuentra parapetada tras el enorme ruido que genera la crisis –el shock– pero está clara para quien se tome el tiempo de identificarla, y no es otra que la encaminada a un cambio de régimen y el fin de la democracia liberal. Los dos argumentos que aquellos que prefieren una tranquilidad cegada usan para vendarse frente a esta posibilidad son la Monarquía y la UE.
Apenas un puñado de días hicieron falta para que Pablo Iglesias quisiera mezclar al Rey con la escasez de material sanitario en plena crisis por lo negocios de su padre, arengando a la población en su contra. Ayer, ERC y EH Bildu presentaban una moción al senado para despenalizar las injurias al Rey. Uno puede o no estar de acuerdo con la medida, pero la reflexión que no puede evitarse es ¿Por qué justo ahora?
Posteriormente, la UE rechazaba la propuesta de los gobiernos español e italiano de que el coste de la crisis sanitaria fuera sufragado por el conjunto de la Unión. António Costa, presidente de Portugal, afeaba los comentarios de algunos países miembros que recriminaron el comportamiento financiero de los sureños. Lo que pasó realmente fue que varios países del norte de Europa –que aproximadamente desde 2013 han encaminado trabajosamente sus políticas fiscales a la reducción de su deuda pública– supeditaron la ayuda económica a que los países solicitantes hicieran ese mismo esfuerzo. Para comprender esto es necesario conocer que la deuda pública que España tiene, en datos de 2019, es casi el 100% de su PIB. En el caso de Italia, hablamos de más del 130%.
Sin embargo, ¿qué mensaje se le trasladó a la población? Que la UE nos odia y nosotros debemos odiarla también.
En sus primera andanzas en la vida pública, Iglesias hablaba de la conveniencia de instrumentalizar el dolor como arma de toma de poder. Recientemente usa la palabra patria. En el juego visceral de la política, nada de lo comentado es casual. En un país donde la Monarquía y la UE gozan de amplio arraigo, que ambas tengan la potestad de frenar un cambio de régimen es algo sumamente inconveniente para quien tiene la intención de perpetrarlo. Y cuanto antes y más rápido comience a producirse desafección hacia ambas figuras, mejor.
Una nación devastada por la pérdida de sus seres queridos es un animal herido que, todavía humano, emprenderá su búsqueda de culpables. Aterrada por la quiebra económica que sin duda se avecina, tampoco se detendrá a leer la letra pequeña de quien le ofrezca un salvavidas mágico que pagarán otros. Quien tiene hambre lo acepta todo. Si esto puedo imaginarlo yo, que no me dedico a la política, sin duda lo sabe un profesional que lleva años esperando este momento.
Un confinamiento que se prolonga varios meses, donde las muertes se suceden en el exterior casi por miles diarias, durante el que el Gobierno toma medidas de intervención y apropiación de lo privado bajo el pretexto del bien común, asociado a una profunda crisis mediática e informativa… Forman el caos perfecto. ¿Quién recordará cuando la crisis sanitaria pase que en España las cosas se hacían de otra manera? ¿Que el Gobierno no podía filtrar las preguntas de la prensa, que no podía promulgar leyes sin dar a conocer su contenido, que estaba en la obligación de someterse al control democrático de la oposición, que no podía tomar el control de lo privado sin dar ni indemnización ni explicación? Y más importantemente, cuando la crisis económica arrecie, ¿A quién le importará?
No es una novela de Orwell. Ni una de Huxley. Es el socialismo de catástrofe. Es la doctrina del shock.
